Argentina dio un paso bisagra en materia de política criminal con la entrada en vigor de la Ley 27.801, que establece un nuevo Régimen Penal Juvenil y fija la edad de imputabilidad a partir de los 14 años. La normativa deroga el antiguo decreto ley vigente desde la última dictadura y redefine de manera integral el abordaje judicial para los adolescentes en conflicto con la ley penal.
Los puntos centrales de la reforma:
- Imputabilidad y penas: Los jóvenes de entre 14 y 17 años podrán ser sometidos a proceso penal ante la comisión de delitos contemplados en el Código Penal. La norma prohíbe taxativamente la prisión perpetua y establece un tope máximo de condena de 15 años de prisión.
- Alojamiento y división etaria: Queda prohibida la convivencia en establecimientos de encierro entre menores y adultos. Las medidas privativas de la libertad se consideran el último recurso y deberán ejecutarse en institutos especializados o mediante esquemas domiciliarios con supervisión técnica.
- Medidas socioeducativas alternativas: La ley prioriza mecanismos como la prestación de servicios comunitarios, reglas de conducta, amonestaciones, monitoreo electrónico y la reparación directa a las víctimas como instancias previas a la detención.
- Responsabilidad civil de los padres: Un cambio clave en el fuero civil establece que los padres o tutores legales responderán patrimonialmente por los daños ocasionados por los ilícitos cometidos por los menores a su cargo.
- Protección de la identidad: Se mantiene la estricta reserva del expediente y la prohibición de difundir datos personales o imágenes que permitan identificar a los adolescentes procesados.
La implementación abre discusiones urgentes en los poderes judiciales provinciales respecto de la capacidad edilicia de los centros asistenciales, la capacitación de los juzgados de menores y los recursos asignados para evitar que la reforma quede recortada a su dimensión punitiva sin los soportes de reinserción educativa proyectados.
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