Luego de semanas de negociaciones técnicas en las comisiones de la Cámara Baja, el dictamen de la denominada “Ley Hojarasca” —diseñada para derogar cientos de normativas consideradas obsoletas— sufrió modificaciones sustanciales para poder avanzar hacia el recinto.
Ante los reparos de los bloques aliados sobre la posibilidad de generar vacíos legales o conflictos de interpretación jurídica, el Ejecutivo aceptó recortar el listado masivo original y avanzar mediante un esquema de revisión caso por caso. Se excluyeron leyes antiguas que aún mantenían efectos regulatorios vigentes en materia comercial e industrial.
Con este paso, el Gobierno muestra un enfoque más gradualista para destrabar el tratamiento de reformas administrativas complejas, buscando consolidar acuerdos con sectores de la oposición colaborativa antes de la discusión final del Presupuesto.
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