El Gobierno de Nicaragua, encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, anunció el cierre definitivo de su sede diplomática en Santo Domingo, desencadenando una profunda crisis bilateral en la región. La medida se hizo oficial luego de que el Ministerio de Relaciones Exteriores dominicano tomara conocimiento del cese formal de las operaciones nicaragüenses.
El deterioro de las relaciones institucionales se aceleró tras el cuestionamiento del presidente dominicano, Luis Abinader, a las recientes reformas constitucionales impulsadas por el régimen nicaragüense. Estas modificaciones proscriben de manera efectiva la participación de partidos y candidatos de la oposición en los próximos procesos electorales. Las críticas del mandatario caribeño llevaron previamente al llamado a consultas de su embajadora en Managua.
Desde la Cancillería dominicana expresaron que las medidas dictadas por Managua representan un «abierto desconocimiento de los principios fundamentales de la democracia representativa y de los derechos de la ciudadanía». Este quiebre consolida el aislamiento diplomático de Nicaragua en el continente centroamericano y caribeño, tensionando aún más los bloques multilaterales de la región.
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