Tras el recorte y la posterior orden judicial que frenó la disolución del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), un amplio abanico de legisladores presentó un proyecto de ley multipartidario para blindar el financiamiento de las obras en barrios vulnerables.
Informes parlamentarios revelan que desde la paralización de estos giros, la ejecución de proyectos de infraestructura de servicios básicos, asfaltado y redes de agua cayó un 98% a nivel nacional, dejando más de la mitad de las obras frenadas en 21 provincias.
La norma busca fijar por ley un piso mínimo de recursos asignados que no pueda ser reducido en futuras prórrogas del Presupuesto Nacional, convirtiéndose en un punto de fricción central entre el Ministerio de Economía y los representantes provinciales.
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