En el marco de su período de sesiones en Washington, el organismo del Sistema Interamericano aprobó resoluciones que obligan a los Estados a resguardar la vida y la integridad física de opositores, activistas y personas privadas de la libertad en Venezuela y Nicaragua.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció la adopción de nuevas medidas cautelares y la remisión de casos urgentes ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Las resoluciones apuntan a frenar las detenciones arbitrarias, las persecuciones políticas y la falta de garantías procesales observadas de forma sistemática en países bajo regímenes de fuerte tensión democrática como Venezuela y Nicaragua.
El organismo fundamentó su decisión en el riesgo grave, urgente e irreparable al que se enfrentan dirigentes políticos, defensores de derechos humanos, periodistas independientes y personas privadas de su libertad por motivos políticos en ambos países.
Ejes clave de las resoluciones adoptadas
Las medidas dispuestas por el órgano interamericano exigen a las autoridades estatales un cumplimiento inmediato sobre tres puntos centrales:
- Medidas cautelares de protección: Garantizar el derecho a la vida, la integridad personal y la salud de las personas privadas de la libertad, asegurando la atención médica adecuada y el cese de los tratos crueles, inhumanos o degradantes.
- Acceso a la defensa y debido proceso: Exigir que los detenidos puedan comunicarse libremente con sus abogados defensores de confianza y tomar contacto periódico con sus familiares sin represalias ni restricciones infundadas.
- Elevación de casos a la Corte IDH: Tras ladarle al tribunal judicial con sede en San José de Costa Rica la responsabilidad penal y la imputabilidad de los Estados por el incumplimiento reiterado de las recomendaciones previas emitidas por la Comisión.
Monitoreo permanente y sanciones internacionales
El pronunciamiento de la CIDH refuerza las acciones de supervisión internacional frente a la escalada de denuncias por violaciones a las libertades fundamentales en la región. Las resoluciones aprobadas se suman al acervo de antecedentes que evalúan la Organización de los Estados Americanos (OEA) y organismos multilaterales para la aplicación de sanciones diplomáticas e institucionales a los gobiernos que omitan las órdenes de resguardo expedidas por el Sistema Interamericano.

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