A través de un pronunciamiento oficial emitido desde su sede en Washington, el organismo interamericano advirtió sobre el impacto desproporcionado que sufren las comunidades originarias ante la violencia, los megaproyectos no consultados y el despojo territorial en la región.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un llamado urgente a los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para que implementen de manera prioritaria mecanismos de protección integral dirigidos a mujeres, niñas y adolescentes indígenas. El organismo regional alertó que este sector demográfico enfrenta factores intersectoriales de vulnerabilidad frente al desplazamiento interno forzado, agravados por la presencia de grupos armados, actividades extractivas no reguladas y la falta de titulación sobre tierras ancestrales.
El informe técnico de la Comisión subrayó que la pérdida de los territorios originarios debilita el tejido social comunitario, mina la transmisión de lenguas e identidades culturales y expone a las mujeres e infancias a situaciones severas de pobreza, trata de personas y violencia basada en género.
Ejes centrales del reclamo de la CIDH
La declaración del organismo fija una hoja de ruta estricta que exige la intervención de los gobiernos del continente en cuatro áreas clave:
- Consentimiento previo e informado: Detener los desalojos y proyectos de desarrollo en territorios ancestrales que no cuenten con procesos de consulta previa, libre e informada conforme a los estándares internacionales.
- Enfoque de género e interseccionalidad: Diseñar políticas públicas de atención a personas desplazadas que contemplen las necesidades específicas de salud, seguridad y subsistencia de las mujeres y niñas indígenas.
- Garantías de retorno y restitución: Crear las condiciones de seguridad necesarias para el retorno voluntario y digno de las comunidades desplazadas a sus tierras de origen, garantizando la delimitación y titulación colectiva del territorio.
- Protección a lideresas sociales: Brindar esquemas de seguridad efectivos a las defensoras del medio ambiente y de los derechos indígenas que son perseguidas o amenazadas por grupos criminales u operadores económicos informales.
Un flagelo en alza en la región
El pronunciamiento de la CIDH se enmarca en un contexto de persistente violencia y desplazamientos masivos documentados en diversos países del hemisferio. Las dinámicas vinculadas al crimen organizado, la minería ilegal y los conflictos territoriales han forzado el éxodo de miles de familias de sus comunidades originarias hacia zonas periféricas urbanas, donde la falta de asistencia estatal incrementa la marginación económica y social.
Desde el Sistema Interamericano enfatizaron que los Estados tienen la obligación jurídica ineludible de investigar de oficio las causas del desplazamiento, sancionar a los responsables materiales e intelectuales y proveer reparación integral a las víctimas.
Más historias
Qué indicios tempranos revelan el camino hacia el Alzheimer antes del diagnóstico
Alarma educativa: el duro revés de la Argentina en las Pruebas PISA reabre el debate político sobre el nivel de los secundarios
Se confirmó la creación de un nuevo polo pediátrico en el Hospital del Este para descentralizar la atención de la salud pública en Tucumán